Caso Regina: el círculo político, bajo sospecha

*Reynaldo y Montano, en la mira *“Dos regresos peligrosos”, el reportaje que evidenció vínculos con el crimen organizado

| | 13 May 2012

Su retrato descarnado, su vida pública en el aparador y la vileza al amparo de las instituciones, hacen al círculo político de Veracruz sospechoso central en el crimen de Regina Martínez Pérez, la periodista cuya muerte trágica, violenta, sacudió al mundo.

A ellos, hombres de poder, dueños de vidas y fortunas, caciques mayores y menores, potentados y rémoras del sistema, los describía Regina Martínez en sus notas y reportajes, aguda su pluma, contundente la intención, como lo que son: sátrapas de la dinámica pública, del gobierno y los partidos políticos.

Incapaz de condescender frente al atropello y al agravio social, hurgaba la corresponsal de Proceso en la información vedada a muchos, en el dato oculto, y daba voz a los sin voz, a los marginados, a las madres que reclamaban el secuestro de una hija, al campesino despojado, a la familia de la anciana indígena ultrajada y muerta en Zongolica, a manos de militares violadores, impunes hasta hoy.

Regina Martínez rompía cotidianamente el cerco informativo tendido por el gobierno de Veracruz, el actual y los anteriores, del alemanismo a la fecha.

Proceso, cuya corresponsalía cubrió por una década, ha traído a la escena el historial periodístico más relevante —y más reciente— de Regina Martínez, asesinada por estrangulamiento la madrugada del sábado 28 de abril, en su domicilio de Xalapa, la capital veracruzana, y en él destacan tres figuras: el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el ex procurador Reynaldo Escobar Pérez y el ex secretario de Seguridad Pública en el régimen alemanista, Alejandro Montano Guzmán.

Duarte, el gobernador imperfecto de Veracruz, intolerante a la prensa crítica, profundamente hostil a los periodistas de denuncia, es el actor central de la edición con que Proceso reseña la muerte de Regina Martínez. Lo cita en el momento actual, en su corto pero repudiable historial de agresiones y persecución a periodistas y en el espinoso expediente que se le fue de las manos al inicio de su mandato: la relación gobierno-crimen organizado.

Proceso es demoledor: existía un pacto entre el gobierno de Veracruz y el narcotráfico, cuyo auge estalló con Javier Duarte, evidente su impericia para enfrentar la crisis de inseguridad.

Cita, por ejemplo, el episodio del acuario del puerto de Veracruz, cuando una célula del crimen organizado arrojó una granada con saldo sangriento, una familia desintegrada, el padre muerto y la esposa y los hijos heridos. Duarte acudió a ver a las víctimas y con frescura inusitada, inaceptable, les dijo que no es que hubieran llegado los malos, “ya estaban”; lo que pasa es que ahora sí se les combate y se desplegarían fuerzas federales.

“Los hechos lo desmintieron”, dice Proceso. Sobrevino una escalada de crímenes, ejecutados, torturados, desmembrados. La guerra salió de la esfera de las bandas del crimen organizado y tocó a la sociedad, entre ellos a ocho periodistas asesinados en el régimen duartista.

Regina Martínez le seguía los pasos; lo describía en su mínima estatura política, rebasado por el crecimiento de las organizaciones delictivas, con una policía infiltrada, cuestionado y finalmente vencido hasta verse obligado a entregar la seguridad al gobierno federal.

Reynaldo Escobar, candidato del PRI a diputado federal por el distrito Xalapa Urbano, el segundo personaje, es un villano sin par. Regina Martínez cubrió el episodio de los usuarios de Twitter, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de terrorismo y sabotaje equiparado por la difusión de mensajes en los que daban cuenta de ataques a estudiantes por parte del crimen organizado.

Ciertamente, los tuiteros no fueron héroes ni paladines de la libertad de expresión. Actuaron con irresponsabilidad. Difundieron mensajes falsos, no confirmados. Pero encarcelarlos por delitos de terrorismo y sabotaje, fue un abuso de autoridad y exhibió el rostro intolerante del gobernador y del procurador Escobar, su brazo ejecutor. Finalmente, ante la condena mundial, los dejó libres. Duarte hizo modificar el Código Penal para crear un marco jurídico con el cual acusar en el futuro a quien difunda mensajes que perturben el orden público.

Regina Martínez exhibió a un Reynaldo Escobar que criminalizó a las víctimas del episodio de Boca del Río, cuando los autodenominados “Matazetas” arrojaron 35 cadáveres a los pies del monumento a los Voladores de Papantla, un día antes de la cumbre de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia. La mayoría eran ciudadanos inocentes.

Luego reseñaría los hallazgos de otros cuerpos, decenas de personas acribillados o asfixiados, que aparecerían en la conurbación de Veracruz y Boca del Río.

Pigmeo en un mundo marcado por el desafío, Duarte daría repetidamente una respuesta absurda, sin calcular los platos que tendría que pagar. Al tú por tú, su gobierno, quizá su inútil área de comunicación, se imponía una infame labor: decomisar las ediciones de Proceso que contenían el retrato, casi siempre formulado por Regina Martínez, de un régimen alevoso, mal intencionado, repelente a la crítica, intolerante, inoperante, minúsculo ante la dimensión de Veracruz.

Desafiar a Proceso fue tan torpe como soberbio. Proceso balconea a Reynaldo Escobar como silencioso cómplice del crecimiento del narcotráfico en Veracruz, desde su paso por la Secretaría de Gobierno, ahora aspirante a ser diputado federal del PRI.

Alejandro Montano Guzmán es el tercer personaje en el escenario del crimen. Proceso lo ubica en la candidatura priísta a diputado federal por el distrito Xalapa Rural, pero sobre todo, con rasgos de intolerancia. Lo describe temible, siniestro, la muerte a su lado, en sus días de secretario de Seguridad Pública del gobierno alemanista.

Refiere el reportaje firmado por Jenaro Villamil, “Dos regresos peligrosos”, cuyos datos se le atribuyeron a Regina Martínez. En ellos se advierte el papel pasivo de Reynaldo Escobar en la expansión y crecimiento de la organización criminal Zeta, y el disimulo de Montano ante la presencia de capos como Albino Quintero Meraz, enlace entre zetas y el Cártel del Golfo.

Montano Guzmán es, para Proceso, personaje clave para desentrañar el crimen del periodista José Miranda Virgen, ex columnista de Diario del Istmo e Imagen de Veracruz, a quien le hicieron estallar el departamento en que vivía.

Miranda Virgen había evidenciado las ligas entre el narco y funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, padrino de Montano. No corrió mucho Miranda Virgen. Un día como cualquier otro, el 11 de octubre de 2002, llegó a su hogar, abrió y voló, consumido por las llamas. Oficialmente fue una fuga de gas. Extraoficialmente, un atentado. Y ahí quedó.

Otros dos episodios, la captura de su hombre de confianza, Rafael Palomba Márquez, delegado de Seguridad Pública en el puerto de Veracruz, el 1 de noviembre de 2002, a manos de la Agencia Federal de Investigación, y el asesinato de Alfonso Alegretti Mejía, el 30 de abril de 2004, ex delegado de Seguridad en Tlapacoyan, quien apareciera en la nómina de Quintero Meraz, complican la solvencia del candidato priísta Alejandro Montano.

Tocados por el manejo informativo de Proceso, su historial político intolerante o vinculatorio con la delincuencia, los tres priístas, —Javier Duarte, Reynaldo Escobar y Alejandro Montano— conforman un segmento de las pistas a seguir para esclarecer la autoría intelectual y material del crimen de la periodista Regina Martínez.

Con ellos, y otros de menor peso, el círculo político de Veracruz se halla bajo sospecha.