“Reforma anticorrupción, simulación anunciada”

21 Jun 2016 / *Todo servidor públicos de mandos superiores debe ser objeto de un Test de Integridad, aplicado por expertos independientes y verificado por otro cuerpo de expertos internacionales

En una breve, pero completa entrevista hecha por la inteligente Tania Gómez para El Universal TV, el senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado de la República pone en blanco y negro lo que a su juicio fue la Reforma Anticorrupción. Por supuesto, es una radiografía que revela cinismo y desmesura. (http://goo.gl/icaFGI). A los hechos me remito para sustentar mis asertos.

1.- Desde hace varios meses he expresado que la reforma Anticorrupción era- como fue- un acto de simulación, que generó desilusión sólo en quien se ilusionó. No podía un cuerpo legislativo mayoritariamente compuesto por corruptos dar a luz a una vida jurídica para combatir la corrupción. Los seres humanos o los animales sólo pueden dar a luz a alguien que se les parezca. Es la ley de la naturaleza, también lo he señalado en otra oportunidad. Parto de la premisa de que, a diferencia de la presunción de inocencia de los particulares frente a la ley, los políticos, por el contrario, se presumen corruptos ante la sociedad hasta que demuestren lo contrario. Ver por ejemplo, esta encuesta, entre muchas otras, del diario Reforma que valida la percepción que afirmo.

2.- El senador Escudero ha afirmado que la Reforma Anticorrupción es “muy completa, muy sólida”. Pero no ofrece elementos que justifiquen sus dichos porque – asegura- “es muy compleja”.

La verdad sea dicha no es ni completa ni sólida desde la perspectiva de la comunidad, además de lo expuesto en el párrafo anterior, porque: a) Se trata de un conjunto de nuevas leyes y/o reformas a otras que establecen nuevas conductas ilícitas y/o delictivas relacionadas con la corrupción, pero sujetas a las autoridades que han llegado precisamente a través de alguna de las expresiones de la corrupción, don Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, que fue ratificado en su encargo, el secretario técnico del órgano colegiado del “Sistema Anticorrupción”, el vigilante, que será nombrado por los vigilados (Legislativo y Ejecutivo) de nuevo el conflicto de interés como pecado de origen al igual que los miembros del comité de “participación ciudadana” que también serán designados por los vigilados, entre “representantes” bien portados de la “sociedad”; y b) Si lo anterior no fuera suficiente hay que recordar que México goza un lugar privilegiado en la impunidad. Hay matices si es del 90 o del 98% según la fuente que se consulte. Y eso no va a cambiar porque el diseño institucional observa puntualmente el método que ha generado la corrupción. De esta forma serán los de abajo los que más tendrán que estar al pendiente. Al revisar del 2003 al 2013 el número de servidores públicos sancionados en materia de transparencia encontré que no pasaron de 44 y ninguno tenía un cargo superior al de director de área; es decir, mandos medios operativos. No hay elementos que permitan pensar que las cosas van a cambiar.

3.- El senador Escudero sostiene que en la norma 3 de 3 como fue redactada en la ley de responsabilidades administrativas: “Todo es público, sólo hay una excepción, los derechos a la privacidad que está en la Constitución. Nosotros no redactamos lo reenviamos a la Constitución”. Hay que puntualizar que la ley 3 de 3 es un punto de salida no un puerto de llegada. No existen ni los medios ni las posibilidades materiales para que el Estado verifique, incluso aunque sea de forma aleatoria lo que dicen los servidores públicos que poseen, sus conflictos posibles de interés y sus declaraciones fiscales. No obstante, lo que dice el senador Escudero es literalmente cierto, pero al mismo tiempo es una falsedad. Me explico: la publicidad de las declaraciones comentadas está prevista, salvo que se trate de datos personales!!. Es un absurdo. Es obvio que todos y cada uno de los datos de esas declaraciones son datos personales y forman parte del ámbito de su derecho a la vida privada, pero no significa que sean confidenciales. Al convertirse en servidor público la persona renuncia voluntariamente a una parte amplia de su derecho a no ser molestado como en estos casos.

4.- El senador Escudero afirma que: “Nosotros no redactamos nada, lo reenviamos a la Constitución para que sea el comité de participación ciudadana el que diga qué es público y qué es privado”. Fue, diría Freud, un acto fallido del senador; es decir, dijo lo que no debía haber dicho, pero lo tenía en la mente. La Constitución establece reglas generales y el trabajo del Congreso de la Unión es redactar y aprobar las leyes reglamentarias. Reglamentar significa desarrollar en detalle sin alterar ni modificar el sentido de la norma constitucional, razón por la cual no redactar y reenviar a la Constitución es un acto reconocido de irresponsabilidad legislativa. Peor aún, se pide que sea el comité de “participación ciudadana” nombrado por ellos mismos, por supuesto, el que reglamente la Constitución, lo que es claramente inconstitucional. El Congreso no puede delegar la atribución de reglamentar disposiciones constitucionales a nadie.

5.- No soy defensor de los empresarios contratistas del gobierno federal, pero los argumentos expuestos por el senador Escudero para justificar el 3 de 3 para los contratistas es un exceso. Dice: “no es una revancha, si hay un corrupto hay un corruptor”. Se le olvida al senador que ya existe una normatividad que regula la comisión de delitos, ilícitos o faltas de los empresarios no sólo de los que contratan con el sector público, sino de todos. Para no ir muy lejos ahí está la Ley contra el lavado de dinero (mencionada en su expresión informal), la de delincuencia organizada así como distintas normas de derecho administrativo, civil y penal.

6.- Al final el senador Escudero reconoce que con su reforma “muy completa, muy sólida” no hay indicadores ni metodología para saber cómo se va a disminuir la corrupción: “No es una transición fácil ni rápida. Hay que seguir trabajando. Aquí no es de enchílame otra, tiene una serie de tiempos”. Eso y nada es lo mismo. Ni pronto ni tarde sino todo lo contrario parafraseando a los políticos de la vieja guardia que subsisten en los actuales. Se va a crear una institución como si no fuera ya muchas y que no muestran mejoras visibles para el país, donde las únicas certezas que existen es que: a) Sí va a costar muchísimo dinero y b) Se van a crear cargos para los aliados, familiares y subordinados de la partidocracia (que observaran religiosamente la máxima del político mexicano: “En política, el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”)

7.- Lo que yo veo es que, en coincidencia con los clásicos, mientras más se crean nuevas instituciones costosísimas para un país en crisis, leyes que serán acatadas, pero no cumplidas, el país va de mal en peor en los índices internacionales. En efecto, baste tan sólo un ejemplo de muchos posibles para acreditar mi dicho, el índice anual del proyecto de justicia mundial 2014 sobre Estado de derecho ubica a México en el indicador de corrupción con una calificación de 0.37. Un año después, a pesar de la campaña mediática contra la corrupción, México bajó su posición en este índice al 0.33 en el 2015. (http://goo.gl/7v9Dgo). Es por lo anterior que el país debe seguir una ruta distinta a la que ha demostrado una y otra vez que no funciona para la inmensa mayoría de la población.

8.- Insisto en que a grandes males grandes remedios. Todo servidor públicos de mandos superiores debe ser objeto de un Test de Integridad, aplicado por expertos independientes y verificado por otro cuerpo de expertos internacionales, compuesto por 4 exámenes: 1.- Prueba de polígrafo; 2.- Prueba de EyeDetect (un nuevo detector de mentiras de quienes crearon el polígrafo); 3. Un examen psiquiátrico para medir control de la ira y estabilidad emocional y 4. Examen toxicológico de vello y orina (los dos) para verificar al menos en el último año que no haya problemas de consumos de drogas ilícitas o alcoholimia. ¿Es confiable? Sí, 98% de confiabilidad. ¿Es barato? Sí, menos de 10 mil pesos por servidor público. ¿Es eficaz? Totalmente, se puede detectar a los corruptos casi en tiempo real y no habría necesidad de crear un monumento a la burocracia para generar más gasto y paradójicamente más corrupción. ¿Algún político de alto nivel se ha aplicado y aprobado todos estos exámenes? Sí, el senador Benjamín Robles Montoya fue el primer político mexicano que se sometió a ellos y pasó.

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